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Los “beneficios” de los cursos para parados

PARO | El negocio de la formación ocupacional pone de acuerdo a gobierno, patronal y sindicatos de concertación

Los “beneficios” de los cursos para parados

Los planes de formación para desempleados reportan ingresos a empresas y centros privados, y el Gobierno los usa para rebajar las cifras del paro. No obstante, los beneficios a los propios desempleados no son tan evidentes.

 

Asamblea de Parados de Madrid. Madrid

Lunes 11 de enero de 2010.  Número 117
Sentados en torno a la mesa, los miembros de la asamblea inscritos en cursos para desempleados expresan una opinión unánime: “Los cursos no sirven para nada”.

Pablo lleva toda su vida laboral trabajando en la construcción. Desde hace varios años es gruista. “Ahora me quieren hacer ir a un curso de albañil, pero la grúa está mejor pagada y la categoría laboral es más alta. ¿En qué me va a beneficiar ese curso?”. Paco dice que lo que más le molesta son las declaraciones oficiales: “Se transmite el mensaje de que quien está en paro es un perdedor, porque las personas emprendedoras se forman y montan una empresa. Por supuesto esto es totalmente falso, pero como se repite por todas partes, termina influyendo en la idea que tiene la gente del paro y los propios parados de sí mismos. Parece que la culpa fuera nuestra, porque no somos lo bastante competitivos, pero hace dos años eso no era un problema. Había trabajo para todo el mundo”. Óscar remata la conversación: “Con los cursos nos tienen entretenidos, esperando a ver si la cosa se arregla”.

Un lucrativo negocio

Más allá de la escasa utilidad de algunos cursos, lo cierto es que la compleja estructura que se ha organizado en torno a la formación para el empleo tiene un papel clave en los mecanismos sociolaborales del Estado español. Para unos, centros y empresas privadas, representa un lucrativo negocio. Para otros, como los sindicatos mayoritarios, es una fuente de financiación sin la cual sus burocracias no podrían existir. Y finalmente, para el Gobierno, es la manera más fácil de maquillar las elevadas cifras del paro.

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SUBVENCIONES. Los Salesianos de Atocha, en Madrid, han recibido 1.600.000 euros de los fondos para formación. Olmo Calvo

No sale barato, sin embargo. El sistema de financiación de la formación para desempleados es complejo, ya que se nutre de muchas fuentes. Dejando aparte las iniciativas organizadas por ayuntamientos, cabildos, entidades de carácter benéfico, etc., el Gobierno central transfiere una cantidad anual a las comunidades autónomas para cursos de formación y programas de inserción laboral. En 2009 este monto ascendió a más de 2.800 millones de euros, según datos publicados por la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap), la patronal de los centros de enseñanza y formación. A esta cantidad hay que añadir lo que otras entidades, que también reciben sus fondos del Gobierno central, como la Fundación Tripartita, destinan a este fin, cifra que se calcula puede haber llegado hasta los mil millones en el último año. De hecho, se ha gastado tanto dinero que el ministro Celestino Corbacho dio la bienvenida a los planes de la Comisión Europea de adelantar otros 2.000 millones de los fondos de cohesión para reforzar las cuentas del plan de formación.

El reparto de la tarta

Una vez que se ha distribuido el dinero, se gasta a discreción de las comunidades, lo que ha causado tensiones, ya que todos quieren participar en el reparto. Así por ejemplo, se llegó al caso de que la patronal de empresas de enseñanza de Extremadura convocara una movilización en julio para protestar por lo que consideraban era una excesiva participación de los sindicatos en este presupuesto, en detrimento de sus asociados. Por el contrario, en la Comunidad Autónoma de Madrid son las empresas privadas y la Iglesia los más beneficiados. Por ejemplo, cuatro centros salesianos de la comunidad han recibido casi cinco millones y medio de euros de una de las partidas para formación de 2009, cantidad superior a la suma de lo recibido por UGT, FIES, CSI-CSIF y la Universidad Politécnica, y eso sin contar con las demás congregaciones religiosas de la Comunidad de Madrid. A pesar de este gasto, se estima que la mayor parte de las personas desempleadas no reciben formación alguna. Según un estudio de Ceprede, organismo dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), menos de un 16% de las personas desempleadas habían recibido algún tipo de formación hasta la fecha de publicación del informe.

Existen razones que animan al Gobierno a destinar cantidades cada vez mayores a la formación de personas desempleadas. La más obvia se refiere al truco que consigue que quienes están recibiendo un curso no aparezcan en las cifras de paro que maneja el Ministerio de Trabajo. Desde febrero de 2008 estas personas, junto con otras categorías, como los jóvenes que buscan su primer empleo, se denominan en la jerga oficial Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOS), y no se contabilizan como parados. Esta es la principal razón de que haya un importante desfase entre las cifras del Ministerio de Trabajo y las del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no hace estas distinciones. En su última Encuesta de Población Activa, para el tercer trimestre de 2009, el INE da la cifra de 4.123.300 parados, mientras que las cifras de Trabajo contemplan que en diciembre hubo 3.800.000 personas sin empleo.

“Nos tienen entretenidos”

Si bien la diferencia no es atribuible en su totalidad a los desempleados en cursos, sí representan una buena proporción de ésta. La cantidad que los sindicatos mayoritarios reciben del Gobierno para la realización de cursos ha ido en aumento, hasta llegar a ser la parte más importante de sus ingresos. Así, en el último congreso confederal de CC OO, en 2008, se informaba que se había ingresado, en concepto de cotizaciones, una media de 13 millones de euros por año frente a los más de 83 millones ingresados por formación sectorializada en 2009, a la que habría que añadir ingresos similares. Y eso sin contar los ingresos de las fundaciones creadas para gestionar la formación. No es de extrañar, por tanto, que el secretario general de CC OO, Fernández Toxo, haya pedido que la participación en cursos sea condición obligatoria para cobrar la prestación por desempleo.

A la luz de estos datos, las palabras de Óscar cobran un nuevo significado. “Creo que tienen miedo a que los parados nos cabreemos y la montemos. Por eso nos tienen entretenidos, con la esperanza de recibir alguna ayuda, o que después de hacer a un curso las cosas vayan a ir mejor”. Puede ser, pero mientras tanto no falta quien ha encontrado la manera de sacarle partido al problema del paro.

Asamblea de Parados de Madrid

EMPRESAS QUE CIERRAN EL CÍRCULO DE GANANCIAS

En muchos casos la formación no mejora sustancialmente las oportunidades de inserción laboral. Excepto, claro, en los casos en que el curso es impartido por las mismas empresas que luego van a contratar a la persona, o por sus fundaciones o instituciones sin ánimo de lucro asociadas. Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como Randsatd, Grupo Norte o Adecco, disponen de fundaciones creadas para recibir subvenciones por impartir estos cursos, y luego reciben los fondos que se otorgan por la contratación de parados de larga duración. Aparte, por supuesto, del pago por sus servicios. De esta forma se consigue un rendimiento económico óptimo de la persona desempleada. Tan habitual es esta práctica que incluso se ha llegado a colar en los debates de algún parlamento autonómico, como fue el caso de Asturias en octubre de 2008. La empresa de trabajo temporal Adecco, que es, a su vez, la impulsora de la Fundación Altedia Creade, ingresaba 2.205 euros por cada trabajador que recoloca y 1.047 en el caso de que no lo consiguiera, según denunció un diputado del PP. “Formación, formación, formación” es la fórmula que propuso Salvador del Rey, del área laboral de Cuatrecasas, despacho impulsor del concepto de la “flexiseguridad” en el Estado español. Lo recetó durante la presentación del primer indicador de flexiseguridad laboral en junio, un informe presentado al alimón por Ceprede y AGETT. Esta asociación ha reclamado recurrentemente al Gobierno la cesión de las políticas de empleo a empresas privadas especializadas tanto en recolocación como formación, algo que convierte en norma la rotación laboral y que avanza en el proceso de desregulación de las relaciones laborales.

LOS DATOS DE UN NEGOCIO REDONDO

3.800.000 parados según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Para el Instituto Nacional de Estadística hay 300.000 desempleados más.

2.696 millones de euros se destinarán en 2010 para programas de formación continua.

15,7% de las personas desempleadas recibe algún tipo de formación, una reducción del 7% con respecto a 2006.

6% de los contenidos de un curso típico son relevantes para la vida laboral.

7.796 millones de euros para políticas activas de empleo están presupuestados por el Gobierno para 2010

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Análisis: El ‘menage a trois’ de la formación continua

http://www.diagonalperiodico.net/Los-beneficios-de-los-cursos-para.html

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Situación Caotica en el registro civil del Juzgado de Sagunto

El juzgado de Sagunto es un desastre, un caos, una torpeza generalizada. Algo que no se daría con una gestión privada, en nun mercado libre y sometido a legitima competencia.

El juzgado de Sagunto es un desastre, un caos, una torpeza generalizada. Algo que no se daría con una gestión privada, en nun mercado libre y sometido a legitima competencia.

El año entrante: Esta suponiendo en el Juzgado de Sagunto una situación caótica de carácter administrativo con altas deficiencias en el servicio de atención al público y en la gestión de los trámites, tanto los habituales como los matrimoniales y extranjería. 

A todo ello se le suma la brevedad de horario que es ofrecida al público en dicho servicio, (Solo hasta la 1 del medio día), así como la ausencia de personal funcionarial. 

Desde el inicio de año, las colas en la entrada del juzgado, han resultado: largas, densas y desesperantes para el ciudadano que necesita resolver sus asuntos personales; Algunos de los cuales llegan a ser dramáticos y, o frustrantes. 

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Los expedientes mas sencillos se demoran durante meses, hecho que evidencia la necesidad de que nos replanteemos la forma en que queremos los Españoles que se nos aplique la Justicia

Hay casos que siendo aparentemente anecdóticos, conllevan hechos dramáticos, como el de un ciudadano que tenia a su padre gravemente enfermo en Estados Unidos, con necesidad urgente de  ser operado, no siendo esto posible sin la autorización de un familiar directo.

 El viaje de dicho ciudadano era imposibilitado burocráticamente por falta de un simple papel que lo impedía.

 Otro caso es el de otro ciudadano que por el hecho de pretender casarse con una mujer extranjera está sufriendo un calvario de infinitos papeleos y  tramites ya efectuados en su totalidad, de los que destaca que está ya un año para poder casarse con su amada, sin poder verla y que en el registro civil del juzgado de Sagunto aun no saben cuando podrá tener fecha para su matrimonio.

 En este caso concreto el ciudadano precisa que sus papeles han viajado de Sagunto al ministerio de exteriores, de allí al consulado del país de su amada y regreso. De todo dicho proceso, matiza que lo mas lento, demorado, torpe, peor gestionado y farragoso ha sido y sigue siendo, el tramite dentro del juzgado de Sagunto.

 Desde el liberal creemos que es impresentable ante la ciudadanía, la torpe gestión de dicho registro civil de Sagunto. No solo por su mal y desagradable efecto en los ciudadanos, sino porque hay gente que es realmente dañada en sus sentimientos, expectativas, necesidades y en su derecho a ser atendida de manera, justa y correcta por los mal llamados servidores públicos.

 Los funcionarios encargados del servicio, se justifican en la falta de personal y de medios que el ministerio de Justicia les aporta.

 Para ellos la solución es ampliar el gasto público.

 

Para el liberal la solución está en la privatización de los servicios del ministerio y la abolición de la ley que castró la independencia del poder judicial, haciéndolo lacayo del poder ejecutivo.

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ESTADOS UNIDOS: Lobbys reparten dinero a manos llenas

Por Abid Aslam

WASHINGTON, 10 abr (IPS) – El viejo chiste según el cual Estados Unidos tiene la mejor democracia que el dinero puede comprar se confirmó dramáticamente este jueves, cuando una organización no gubernamental informó sobre la influencia del poder económico en la política de este país.

Por cada día que el Congreso legislativo estuvo en sesión el año pasado, los cabilderos gastaron, en promedio, 17 millones de dólares para ganar el favor de legisladores y otros funcionarios, sostuvo el Centro para una Política Sensible (Center for Responsive Politics, CRP). 

Empresas, sindicatos, gobiernos extranjeros y otros grupos de presión (”lobbies”, en inglés) invirtieron el año pasado la suma sin precedentes de 2.790 millones de dólares –7,7 por ciento más que en 2006– para influir sobre las decisiones políticas. 

“Cuando nuestra economía está al borde de la recesión, la industria del ‘lobby’ se encuentra en expansión”, dijo la directora ejecutiva del CRP, Sheila Krumholz. 

“Los grupos de presión son resistentes a la recesión. En algunos aspectos, incluso, buscan más (favores) del gobierno cuando la economía se desacelera”, agregó. 

Pero es difícil “cuantificar cuánto obtienen los cabilderos como retorno de sus inversiones. Generalmente, el dinero gastado es relativamente poco comparado con las ganancias que sus clientes obtienen”, señaló el portavoz del CRP, Massie Ritsch. 

En el caso de los contratos gubernamentales, “los retornos son astronómicos. Se ganan licitaciones por valores multimillonarios a cambio de unos 100.000 dólares invertidos en el ‘lobby’”, agregó. 

El sector de la salud fue el que más dinero dedicó en 2007: 444,7 millones de dólares, señaló el CRP. 

Las instituciones financieras, de seguros e inmobiliarias se ubicaron en segundo lugar, con un desembolso de 418,7 millones de dólares, mientras que los laboratorios medicinales pagaron a los cabilderos 227 millones de dólares. 

El CRP destacó que la industria farmacéutica invirtió en este concepto 1.300 millones de dólares en la última década, lo cual la coloca al tope de la estadística. 

Las empresas de seguros, en 2007, gastaron 138 millones de dólares, seguidas por las compañías de electricidad (112,7 millones) y las de computación e Internet (110,6 millones). El sector bursátil y la banca de inversión repartieron 87,3 millones, 40 por ciento más que en 2006. 

Entre las empresas u organizaciones individuales, la Cámara de Comercio de Estados Unidos figura al tope de la lista. Aunque la suma de dinero dedicado al cabildeo cayó 27 por ciento en 2007, tras alcanzar un récord en 2006, la organización y sus entidades miembro gastaron 52,8 millones de dólares, según el estudio. 

Entre las 20 empresas más generosas figuran General Electric (23,6 millones de dólares), General Motors, el gigante petrolero Exxon Mobil, AT&T y las fabricantes de armas Northrop Grumman y Lockheed Martin. 

El estudio del CRP señaló que el aumento del gasto en cabildeo durante 2007 está en línea con el incremento que ha venido registrando desde fines de los años 90, en torno a ocho por ciento anual. 

Entre las organizaciones que se dedican al cabildeo, Patton Boggs fue la que obtuvo mayores ganancias por quinto año consecutivo: 41,9 millones de dólares, 20 por ciento más que en 2006. 

Entre sus clientes más redituables figuran corredores de bolsa, productores de alimentos para mascotas y laboratorios como Bristol-Myers Squibb y Roche. (FIN/2008)

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88058

 

Competencia ve indicios de pacto de precios entre Repsol, BP y Cepsa

Repsol, BP y Cepsa podrían haber pactado sus precios, según ha anunciado hoy la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El organismo ha asegurado que ve indicios de concertación en el expediente que tramita contra las tres petroleras sobre supuestas prácticas que impiden descensos de los precios de los carburantes.

 

La investigación contra Repsol, BP y Cepsa comenzó este verano, cuando consejo del organismo dependiente del Ministerio de Economía y que preside Luis Berenguer acordó admitir a trámite un expediente contra las operadoras por posible concertación de precios, tras recibir un informe incoado de oficio por su Dirección de Investigación.

“La conducta objeto de este expediente es susceptible de ser calificada como una práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 81 del Tratado de la Comisión Europea”, según acordó el consejo del CNC el pasado mes de diciembre.

Así consta en el acuerdo emitido el pasado 27 de enero por el consejo de Competencia, por el que admite a la patronal del transporte por carretera Fenadismer como parte interesada de este proceso.

Vulneran la Ley de Defensa de la Competencia

En el acuerdo dictado en enero sobre Fenadismer se indica que cuando el consejo de la CNC admitió a trámite el expediente, consideró que no sólo cabía una imputación por vulnerar la ley de Defensa de la Competencia española, sino también la comunitaria, “dados los antecedentes en diversos expedientes seguidos tanto por la autoridad de competencia nacional como por la Comisión Europea”.

El artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia “prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”.

Asimismo, el artículo 81 del Tratado de la CE reza que “serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común”.

Acusación de Fenadismer

En cuanto a la admisión de la personación de Fenadismer, en su acuerdo, la CNC considera acreditadas las condiciones establecidas por Ley para considerar la parte personada en el expediente contra las petroleras a la patronal de camioneros, que en junio de 2008 llevaron a cabo un paro de varias jornadas.

Fenadismer argumentó ante Competencia que agrupa a 32.000 empresas de transporte por carretera, en su mayoría autónomas, para las que la práctica que se imputa a las petroleras “supone un notable incremento de los costes de explotación”. “El nivel de precios en los carburantes que utilizan en su actividad empresaria sería, como consecuencia de la posible concertación de precios, muy superior al que cabría esperar en un entorno de competencia”, apunta el texto.

Tras conocerse la decisión de Competencia, la patronal consideró “imprescindible” que las autoridades competentes actúen contra las petrolerasy apliquen las sanciones que correspondan “por el grave perjuicio que están ocasionando al conjunto de la economía española y en particular a las empresas transportistas, que se ve agravado por la crítica situación económica”.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1018602/02/09/Competencia-ve-indicios-de-pacto-de-precios-entre-Repsol-BP-y-Cepsa.html

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